«Me revienta ver la placa enfrente de Gobierno de la señora… cuando ella misma permitió que su hija menor de edad estuviera con su propio agresor.»
Ruth Sánchez
Las declaraciones de Ruth Sánchez Hernández, representante de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva Familiar del Gobierno Municipal de Chihuahua y figura vinculada públicamente a la iglesia cristiana Palabra Viva, detonaron una amplia reacción social luego de responsabilizar parcialmente a Marisela Escobedo por el feminicidio de su hija Rubí Frayre y cuestionar el memorial que honra su lucha por la justicia.
Lejos de tratarse de una polémica aislada, el episodio ha puesto nuevamente bajo escrutinio a un conjunto de organizaciones, liderazgos religiosos y actores políticos que durante los últimos años han impulsado en Chihuahua una agenda pública de oposición a diversos derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y las políticas de igualdad.
«No, es que no me tengo que disculpar con nadie. No dije nada que fuera ofensivo.»
Y sostuvo además:
«Hay delito de omisión de cuidados para los padres que no cuidan a sus hijos…» al insistir en que, desde su perspectiva, Marisela tuvo responsabilidad por haber permitido que Rubí permaneciera con quien posteriormente la asesinó.
Un discurso ampliamente repudiado.
Las expresiones de Sánchez fueron rechazadas por organizaciones de derechos humanos, colectivas feministas, madres buscadoras, representantes políticos y ciudadanía, quienes señalaron que responsabilizar a Marisela Escobedo reproduce uno de los mecanismos históricos de la violencia de género: desplazar la responsabilidad del agresor hacia las víctimas o sus familias.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Revolución Atena, Hombres Despiertos, Alma Calma y otros colectivos y organizaciones calificaron las declaraciones como revictimizantes y promovieron acciones institucionales para denunciar su impacto social, recordando que Marisela Escobedo constituye uno de los principales símbolos de la lucha contra el feminicidio y la impunidad en México.
A las críticas también se sumó la activista y titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Norma Ledezma, quien calificó las declaraciones de Ruth Sánchez como insensibles, discriminatorias e irrespetuosas. Ledezma recordó que Marisela Escobedo también fue una víctima y defendió que su incansable búsqueda de justicia fue la respuesta de una madre a quien le arrebataron a su hija. «Cuando una madre pierde a un hijo, el alma se rompe», afirmó, advirtiendo que resulta injusto juzgar ese dolor desde el desconocimiento o la distancia.
La Paradoja – Jair Palomino
No es un caso individual.
Diversas investigaciones periodísticas y registros públicos muestran que Ruth Sánchez no actúa de manera aislada, sino que forma parte de un ecosistema de organizaciones religiosas y asociaciones civiles que han participado activamente en campañas denominadas «provida» y «profamilia», así como en movilizaciones contra el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos y de las personas LGBTIQ+.
En ese mismo espacio han coincidido dirigentes de la iglesias, integrantes de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia y diversos actores políticos del Partido Acción Nacional, entre ellos el diputado local Carlos Olson, quien ha acompañado públicamente distintas iniciativas impulsadas por estos sectores.
Un entramado de alianzas públicas.
Las marchas y eventos organizados por estos grupos han mostrado, mediante registros fotográficos, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales, la presencia conjunta de representantes religiosos, organizaciones conservadoras, legisladores y activistas que comparten una narrativa centrada en la defensa de un modelo tradicional de familia y en la oposición a políticas de igualdad de género.
Con base en las convocatorias públicas, notas periodísticas y publicaciones oficiales, los principales actores identificados son:
Ruth Sánchez Hernández — Coordinadora estatal de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia; convocante y vocera de la Marcha por la Vida, la Familia y las Libertades. Colaboradora de Iglesia Palabra Viva.
Carlos Olson San Vicente — Diputado local del Partido Acción Nacional (PAN); promovió e invitó públicamente a la marcha desde sus redes sociales y participó en la movilización.
Marco Antonio Bonilla Mendoza — Presidente Municipal de Chihuahua; difundió una invitación pública mediante un video en sus redes sociales oficiales convocando a participar en la marcha.
Francisco Javier Valenzuela Casas — Presidente de Conciencia Social y vocero de Cruzada por la Familia; uno de los principales portavoces de la convocatoria.
Bruno Escobar Ávila — Presidente de la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua; participó en la convocatoria pública en representación de organizaciones religiosas.
Joni Barajas González — Regidora del Ayuntamiento de Chihuahua y presidenta de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos; participó en la presentación pública de la marcha.
Dentro de estos espacios también han participado personas que públicamente se identifican como mujeres trans y que han expresado posturas alineadas con agendas conservadoras. Su presencia ha generado controversia debido a los cuestionamientos formulados por diversas activistas y organizaciones feministas, quienes han señalado contradicciones entre dichas posturas y las demandas históricas de los movimientos por los derechos de las personas LGBTIQ+. El debate se ha desarrollado principalmente en redes sociales y espacios públicos, donde distintas voces han confrontado sus posicionamientos y la cercanía política mostrada con representantes de la agenda conservadora.
¿Estamos frente a un ejercicio legítimo del derecho a la identidad de género o ante un posible uso instrumental de la legislación?
El caso ha abierto una discusión que merece abordarse con seriedad. Si una persona ejerce su derecho al reconocimiento de su identidad de género, ese derecho debe ser respetado. Sin embargo, cuando existen señalamientos públicos de que un cambio de identidad podría estar siendo utilizado para dificultar procesos judiciales, modificar obligaciones legales o generar ventajas procesales, corresponde a las autoridades investigarlo con rigor y resolverlo con base en pruebas, no en prejuicios.
En Chihuahua, diversas activistas han cuestionado casos de personas que se identifican legalmente como mujeres trans, mantienen una expresión de género masculina y sostienen discursos alineados con organizaciones ultraconservadoras. Estas situaciones han generado un intenso debate público sobre los límites entre el ejercicio legítimo de un derecho y un eventual uso abusivo de los mecanismos legales.
Si existen indicios de fraude procesal, simulación o evasión de responsabilidades familiares o judiciales, corresponde al Estado investigarlos y sancionarlos conforme a derecho. Pero esas investigaciones deben dirigirse contra conductas específicas y no utilizarse para desacreditar, de manera general, a las personas trans, cuyos derechos han sido históricamente vulnerados.
La Bandera de Israel.
Otro elemento que llamó la atención durante diversas movilizaciones profamilia fue la presencia de banderas del Estado de Israel entre los contingentes participantes.
La utilización de estos símbolos adquiere una dimensión política particular debido al contexto internacional. Mientras numerosos organismos internacionales, expertos independientes y organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado posibles crímenes internacionales y graves violaciones al derecho internacional humanitario en Gaza, distintos sectores sociales en Chihuahua cuestionaron que dichas marchas incorporaran símbolos asociados a un Estado objeto de fuertes señalamientos en el ámbito internacional.
Para especialistas en comunicación política, el uso de símbolos internacionales en movilizaciones locales no suele ser casual; frecuentemente expresa afinidades ideológicas, referencias identitarias o formas de alineamiento con movimientos conservadores de alcance global.
Palabra Viva y el conservadurismo religioso.
El nombre de la iglesia Palabra Viva también ha cobrado relevancia pública debido a distintas controversias registradas durante los últimos años, incluyendo diferencias internas con estructuras históricas de las Asambleas de Dios y la creciente participación de algunos de sus integrantes en debates políticos y culturales relacionados con derechos humanos.
Aunque las comunidades religiosas constituyen espacios diversos y no pueden entenderse como bloques homogéneos, diversos liderazgos vinculados a este entorno han mantenido una presencia constante en campañas públicas contra el aborto, la educación sexual integral, el reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ+ y otras políticas de igualdad.
En este contexto, las iglesias dejan de ser vistas únicamente como espacios de espiritualidad y pasan a convertirse en interlocutores privilegiados del poder político. Muchos candidatos comprenden que una fotografía junto a un líder religioso, una participación en un congreso evangélico o un discurso alineado con determinadas agendas morales puede abrirles las puertas a comunidades ampliamente organizadas. A cambio, algunos liderazgos religiosos encuentran acceso a espacios de decisión pública, capacidad de incidencia legislativa y reconocimiento institucional. Cuando estas relaciones se establecen con fines estrictamente políticos, la fe corre el riesgo de convertirse en moneda de cambio dentro de estrategias de negociación electoral.
Christian Ortíz – Hombres Despiertos
En tiempos marcados por la polarización, conviene recordar que las comunidades religiosas pueden desempeñar un papel profundamente humanizador. Pueden aliviar el sufrimiento, fortalecer el tejido social y promover la solidaridad. Pero también pueden ser utilizadas para movilizar el miedo, construir enemigos y legitimar proyectos excluyentes.
Memoria y derechos.
El caso Ruth Sánchez refleja un fenómeno más amplio que rebasa una declaración polémica. Lo que hoy se encuentra en disputa no es únicamente la memoria de Marisela Escobedo, sino el sentido mismo de los derechos humanos como marco ético para la convivencia democrática.
Cuando una figura con presencia pública responsabiliza a una madre por el feminicidio de su hija, se normalizan discursos que históricamente han servido para justificar la violencia, desplazar la responsabilidad de los agresores y debilitar las garantías de las víctimas.
Los hechos recientes obligan a formular preguntas de profundo interés público. ¿Qué condiciones políticas e institucionales permiten que discursos de revictimización se expresen desde personas con influencia en organismos consultivos o con cercanía a actores gubernamentales? ¿Cuál es la responsabilidad ética de las organizaciones religiosas y de quienes ocupan cargos públicos cuando sus narrativas pueden contribuir a la estigmatización de mujeres, personas de la diversidad sexual y familiares de víctimas? ¿Qué efectos tiene la normalización de estos discursos sobre una sociedad marcada por décadas de feminicidios, desapariciones e impunidad?
Responder estas preguntas exige un debate público informado, sustentado en evidencia y comprometido con los principios universales de los derechos humanos. En un estado como Chihuahua, donde la memoria de las víctimas ha sido construida gracias a la persistencia de las familias y de la sociedad civil, cualquier intento de revictimización no sólo afecta a una persona o a un caso emblemático: interpela la capacidad democrática de la sociedad para defender la verdad, la justicia y la dignidad humana.
EPISODIO ESPECIAL
Marisela Escobedo, la revictimización y la avanzada antiderechos en Chihuahua.
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