Las imágenes difundidas por Abelardo de la Espriella después de la operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco deberían provocar, cuando menos, cierta incomodidad.
El presidente aparece entre los cuerpos de los integrantes de la estructura armada, mientras las cámaras registran el resultado de la operación. Cuando menciona a alias “Tigre”, señalado como cabecilla de uno de los frentes, la cámara dirige nuestra mirada hacia las bolsas blancas donde están los cadáveres. El mensaje es bastante claro: ahí están los muertos y ahí está el poder que los mató.
Hay algo muy inquietante en esta forma de comunicar la operación militar. Colombia tiene una historia atravesada por la violencia política, las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico y las ejecuciones. Pero una cosa es informar sobre una operación y otra convertir sus muertos en parte de la escenografía del poder.
La ultraderecha contemporánea ha aprendido a utilizarla con enorme eficacia: hombres armados, uniformes, vehículos militares, bombardeos vistos desde el aire y, finalmente, los cuerpos de quienes fueron eliminados. La muerte aparece como evidencia de eficacia. El cadáver funciona como prueba de que el líder cumplió su promesa de “poner orden”.
Es una estética que hemos visto crecer en distintos lugares y que conecta con una idea muy antigua del poder: el gobernante que demuestra su fuerza exhibiendo aquello que ha sido capaz de destruir.
Rita Segato ha analizado cómo la crueldad puede convertirse en una forma de pedagogía social. La violencia repetida, exhibida y normalizada termina modificando nuestra sensibilidad: poco a poco dejamos de mirar personas y comenzamos a mirar cuerpos, objetivos, enemigos, cifras. La distancia moral aumenta justamente cuando la imagen se vuelve más explícita.
Desde el pensamiento antipunitivista de Angela Davis encontramos otra pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una sociedad comienza a imaginar la seguridad casi exclusivamente desde el castigo y la eliminación del enemigo? El problema deja de ser únicamente qué hacemos con quienes ejercen violencia y pasa a ser qué clase de sociedad estamos construyendo alrededor de la violencia.
El poder masculino ha estado históricamente asociado con la capacidad de dominar, someter y vencer. El enemigo derrotado sirve entonces para confirmar la potencia del vencedor. Y la mirada colonial ha hecho algo semejante durante siglos: establecer quiénes son los cuerpos cuya vida puede ser puesta en segundo plano, cuerpos sobre los cuales la violencia puede ejercerse con mayor facilidad porque previamente han sido convertidos en una categoría inferior, peligrosa o prescindible.
Por eso resulta tan delicado que un presidente se coloque frente a los cadáveres y los incorpore a su narrativa de gobierno.
Una población que ve constantemente la muerte presentada como triunfo puede terminar acostumbrándose a ella. El muerto deja de ser alguien que tuvo una historia, una familia y vínculos, y pasa a representar simplemente la derrota del enemigo. Y cuando esa transformación ocurre, celebrar la muerte empieza a parecer una reacción política legítima.
La violencia de las disidencias es real. Sus víctimas también lo son. Combatir a quienes ejercen violencia puede ser una obligación del Estado. Pero precisamente porque hablamos de un Estado, deberíamos exigirle algo más que capacidad de destrucción: deberíamos exigirle límites, responsabilidad y una relación ética con la vida humana, incluso frente a quienes han cometido delitos atroces.
De lo contrario, terminamos aceptando una lógica muy sencilla y muy peligrosa: que la fuerza del gobernante se mide por su capacidad de producir cadáveres y mostrarlos como una victoria.
Y una sociedad que aprende a celebrar los cadáveres de sus enemigos puede terminar aprendiendo algo todavía peor: que hay vidas cuya muerte ya no merece detener nuestra mirada.

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