Evangelismo y poder político: cuando la fe se convierte en un proyecto de influencia

En los últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente observar una imagen que, hasta hace pocas décadas, parecía improbable: líderes políticos abrazados por pastores, campañas electorales que apelan explícitamente al lenguaje religioso y púlpitos desde los cuales se invita a votar por determinados proyectos de nación. Lo hemos visto en Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Argentina, España y también comienza a hacerse visible en distintos espacios de México.

¿Estamos asistiendo a una simple participación de personas creyentes en la vida pública? ¿O estamos frente a un fenómeno más complejo, donde determinadas expresiones del evangelismo conservador se han convertido en actores políticos con capacidad para moldear la cultura, influir en elecciones y disputar el sentido mismo de la democracia?

Responder estas preguntas exige abandonar tanto los prejuicios como las simplificaciones. Sería un error identificar al evangelismo como un bloque homogéneo, del mismo modo que sería ingenuo negar la creciente influencia política que algunos de sus sectores han adquirido. Entre ambos extremos existe un territorio mucho más interesante para el análisis.

Lo primero que conviene afirmar con claridad es que la fe no constituye el problema. Millones de personas encuentran en sus comunidades religiosas un espacio de consuelo, esperanza, acompañamiento y reconstrucción de sus vidas. En muchos barrios donde el Estado apenas existe, son precisamente las iglesias quienes ofrecen redes de apoyo, atención a personas con adicciones, ayuda alimentaria, acompañamiento emocional y un sentido de pertenencia que difícilmente puede encontrarse en otros lugares.

Ignorar esa dimensión sería profundamente injusto.

Sin embargo, otra cosa muy distinta ocurre cuando esas mismas estructuras comunitarias comienzan a ser utilizadas como plataformas de movilización política. Una iglesia no solamente reúne creyentes; también produce confianza, liderazgo, identidad y organización social. Y allí donde existe organización, también existe poder.

El sociólogo alemán Max Weber comprendió hace más de un siglo que las religiones no solo organizan la vida espiritual de las personas; también producen formas de autoridad capaces de influir profundamente en la organización de las sociedades. La religión nunca ha sido únicamente un asunto privado. Siempre ha tenido consecuencias públicas.

Quizá uno de los momentos decisivos para comprender esta relación entre religión y poder se encuentra en la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos buscaba contener la expansión del bloque soviético, el enfrentamiento dejó de presentarse únicamente como una disputa económica o militar. También comenzó a narrarse como un conflicto moral entre una nación supuestamente bendecida por Dios y un enemigo identificado con el ateísmo comunista.

No fue casual que durante aquellos años adquirieran enorme relevancia símbolos como In God We Trust o la incorporación de la expresión under God al Juramento a la Bandera estadounidense. La religión empezó a formar parte de la identidad nacional y del imaginario político del país. Predicadores como Billy Graham se convirtieron no solamente en figuras religiosas de alcance internacional, sino también en interlocutores habituales de presidentes y líderes políticos.

Sería simplista afirmar que Estados Unidos «inventó» el evangelismo contemporáneo. Tampoco sería correcto sostener que todas las iglesias evangélicas respondieron a una estrategia geopolítica. La realidad siempre resulta mucho más compleja. Pero sí existen abundantes investigaciones que muestran cómo determinados sectores religiosos fueron considerados aliados estratégicos dentro de la lucha anticomunista, especialmente en América Latina, donde coincidieron intereses políticos, económicos y religiosos.

A partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó una transformación silenciosa que modificaría profundamente el mapa religioso latinoamericano. El crecimiento de las iglesias evangélicas y pentecostales respondió a múltiples causas: la urbanización acelerada, las migraciones internas, la crisis de legitimidad de la Iglesia católica, la pobreza, las experiencias de conversión y la enorme capacidad comunitaria de estas congregaciones para responder allí donde el Estado permanecía ausente.

Reducir ese crecimiento a una conspiración sería tan equivocado como ignorar las relaciones que algunos liderazgos establecieron con proyectos políticos conservadores.

En realidad, ambas cosas ocurrieron al mismo tiempo.

Millones de personas llegaron a estas iglesias buscando sentido, apoyo y comunidad. Paralelamente, distintos actores políticos descubrieron que esas comunidades representaban una extraordinaria capacidad de organización social.

La politóloga y socióloga Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, ha señalado que, mientras la Iglesia católica pierde influencia en buena parte del continente, muchas iglesias evangélicas incrementan su capacidad para organizar la vida cotidiana de millones de personas. Allí donde existen vínculos de confianza también existe la posibilidad de construir influencia política.

No es extraño, entonces, que numerosos partidos y candidatos busquen acercarse a determinados liderazgos evangélicos durante las campañas electorales. Más allá de las creencias personales de quienes aspiran a un cargo público, estas comunidades representan una de las formas de organización social más sólidas de la actualidad. Congregan a miles de personas de manera constante, generan redes de apoyo mutuo y cuentan con liderazgos que gozan de legitimidad entre sus fieles. Para un proyecto político, establecer puentes con estos espacios puede significar mucho más que obtener votos: implica acceder a comunidades organizadas, fortalecer su presencia territorial y consolidar alianzas que pueden traducirse en influencia legislativa, respaldo público y permanencia en espacios de poder.

Por supuesto, esto no significa que todas las iglesias participen de estas dinámicas ni que toda colaboración entre organizaciones religiosas y autoridades sea necesariamente problemática. El punto crítico aparece cuando la fe deja de ser un ámbito de acompañamiento espiritual para convertirse en un recurso de negociación política, donde el respaldo religioso y el poder institucional terminan reforzándose mutuamente. En esos casos, la frontera entre el servicio a una comunidad y la construcción de una maquinaria electoral puede volverse cada vez más difusa.

Esto ayuda a comprender por qué, en distintos países, el voto evangélico ha adquirido un peso creciente. Brasil constituye probablemente el ejemplo más conocido, aunque no el único. Estados Unidos lleva décadas mostrando una estrecha relación entre el evangelismo blanco conservador y el Partido Republicano. En Guatemala, Honduras y otros países latinoamericanos también han surgido alianzas similares entre sectores religiosos y proyectos políticos de corte conservador.

Pero limitar este fenómeno a una discusión electoral sería quedarse únicamente en la superficie.

Lo que realmente está en juego es la construcción de una determinada visión del mundo.

Durante los últimos años, expresiones como «defensa de la familia», «ideología de género», «valores cristianos», «protección de la infancia» o «libertad religiosa» han dejado de ser únicamente categorías religiosas para convertirse en poderosos marcos políticos capaces de movilizar emociones colectivas.

Aquí resulta especialmente útil recuperar las aportaciones del lingüista George Lakoff, quien ha mostrado que las personas no toman decisiones políticas exclusivamente mediante argumentos racionales. Lo hacen a través de marcos narrativos que organizan emocionalmente la realidad. Cuando un debate se presenta como una lucha entre el bien y el mal, entre quienes protegen a la familia y quienes pretenden destruirla, el terreno deja de ser político para convertirse en moral. Y cuando eso ocurre, el diálogo democrático comienza a debilitarse.

Las llamadas «guerras culturales» funcionan precisamente de esa manera. Desplazan la atención desde problemas estructurales —como la desigualdad, la violencia, la corrupción o la precarización del trabajo— hacia conflictos identitarios donde las emociones ocupan el centro del debate.

No significa que esos temas carezcan de importancia. Significa que, con frecuencia, son utilizados para producir cohesión política y consolidar proyectos de poder.

La filósofa Hannah Arendt advertía que uno de los rasgos característicos de los movimientos autoritarios consiste en transformar la política en una lucha absoluta entre amigos y enemigos. Cuando el adversario deja de ser simplemente alguien que piensa distinto y pasa a representar una amenaza existencial contra Dios, la nación o la familia, desaparecen las condiciones mínimas para la convivencia democrática.

En ese punto, la política comienza a adquirir la forma de una cruzada.

Resulta igualmente importante recordar que el propio mundo evangélico ha producido fuertes críticas hacia estas formas de instrumentalización religiosa. Numerosos teólogos y comunidades cristianas han cuestionado la llamada «teología de la prosperidad», que identifica el éxito económico con la bendición divina y suele responsabilizar individualmente a quienes viven en condiciones de pobreza.

El teólogo brasileño Leonardo Boff ha insistido durante décadas en que la espiritualidad solo conserva su sentido cuando permanece al servicio de la dignidad humana y de la justicia social, nunca cuando se convierte en un mecanismo para legitimar privilegios o concentrar poder.

Quizá esa sea la distinción más importante de todo este debate.

No se trata de cuestionar las convicciones religiosas de millones de personas. Tampoco de excluir las voces creyentes del espacio público. Una democracia auténtica necesita creyentes, agnósticos y ateos dialogando en igualdad de condiciones.

Lo que merece nuestra atención crítica es el momento en que cualquier proyecto político —sea religioso o secular— comienza a presentarse como la única verdad posible, como una misión providencial o como una causa incuestionable.

Cuando eso ocurre, la pluralidad deja de verse como una riqueza y empieza a percibirse como una amenaza.

En tiempos marcados por la polarización, conviene recordar que las comunidades religiosas pueden desempeñar un papel profundamente humanizador. Pueden aliviar el sufrimiento, fortalecer el tejido social y promover la solidaridad. Pero también pueden ser utilizadas para movilizar el miedo, construir enemigos y legitimar proyectos excluyentes.

La diferencia no reside en la religión misma, sino en el uso que se hace de ella.

Quizá la pregunta más importante no sea si las iglesias deben participar en la vida pública. Esa participación forma parte de cualquier sociedad democrática. La pregunta verdaderamente urgente es otra: ¿somos capaces de distinguir cuándo una espiritualidad acompaña la vida de las personas y cuándo comienza a convertirse en una herramienta para disputar el poder?

Responder esa pregunta exige pensamiento crítico, memoria histórica y una profunda defensa de la democracia. Porque la libertad religiosa solo puede florecer plenamente allí donde ninguna fe pretenda convertirse en la única voz legítima del espacio público y donde la dignidad humana permanezca siempre por encima de cualquier proyecto ideológico o confesional.

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