Caso Alberto Israel Jasso: Lo que no deberíamos perder de vista.

La muerte de Alberto Israel Jasso es, ante todo, una tragedia humana. Una familia perdió a un ser querido y ese dolor merece ser reconocido con respeto y empatía. Sin embargo, precisamente por la gravedad del caso, es importante evitar que sea utilizado para construir narrativas que sustituyan a la verdad y al debido proceso.

En las últimas semanas hemos visto cómo distintos sectores de la llamada manósfera (un conjunto de comunidades y creadores de contenido en internet que giran en torno a discursos sobre la masculinidad y los derechos de los hombres y donde, en algunos de sus sectores más radicalizados, se difunden narrativas antifeministas, misóginas o de confrontación con el movimiento feminista) han comenzado a presentar este caso como la prueba definitiva de una supuesta persecución sistemática contra los hombres. En ese proceso, la figura del profesor ha sido convertida, en algunos espacios digitales, en una narrativa de martirio, mientras que la persona denunciante ha sido desacreditada o señalada como responsable de la tragedia, pese a que nunca existió una resolución judicial definitiva sobre los hechos.

Ese tipo de polarización no favorece la justicia. Al contrario, desplaza la discusión hacia posiciones ideológicas y dificulta comprender la complejidad del caso.

Lo que sí sabemos.

Hasta donde es de conocimiento público, no existía una sentencia que declarara falsa la denuncia ni una resolución judicial que estableciera responsabilidades penales. La investigación permanecía abierta cuando ocurrió el fallecimiento del profesor.

Por ello, tampoco puede afirmarse jurídicamente que el proceso hubiera demostrado su inocencia o la responsabilidad de alguna de las partes. El caso quedó inconcluso.

El debido proceso protege a todas las personas.

Una sociedad democrática debe ser capaz de sostener dos principios al mismo tiempo: proteger los derechos de quien denuncia y garantizar el debido proceso para quien es denunciado.

Reconocer esta doble obligación no significa tomar partido por una u otra versión, sino defender un sistema de justicia basado en pruebas, investigaciones imparciales y resoluciones judiciales, no en campañas mediáticas ni en juicios emitidos desde las redes sociales.

Un hecho que no debe minimizarse.

Existe, sin embargo, un aspecto que sí puede analizarse desde una perspectiva de derechos humanos.

El propio Alberto Israel Jasso decidió hacer público, mediante un video difundido en redes sociales, el nombre de la alumna que lo denunció.

Independientemente de cómo hubiera concluido el proceso judicial, hacer pública la identidad de una presunta víctima, especialmente cuando se trata de una persona menor de edad, constituye un acto que puede generar estigmatización, revictimización y nuevas formas de violencia.

La protección de la identidad de niñas, niños y adolescentes no es un simple formalismo jurídico; responde a la necesidad de salvaguardar su integridad, privacidad y desarrollo. Exponer públicamente a una persona menor de edad en el contexto de una denuncia puede ocasionar daños que trascienden el propio proceso judicial.

Por ello, este hecho no debería normalizarse ni justificarse como parte del debate público.

Cuando una tragedia se convierte en bandera ideológica.

Lo preocupante es que diversos espacios digitales ya no discuten únicamente el funcionamiento del sistema de justicia, sino que utilizan este caso para reforzar posiciones ideológicas previamente existentes.

En algunos sectores de la manósfera, el caso ha sido presentado como evidencia de una supuesta persecución sistemática contra los hombres, llegando incluso a construir una narrativa de martirio alrededor del profesor.

Al mismo tiempo, distintos contenidos publicados en redes sociales desacreditan anticipadamente a la denunciante, minimizan la importancia de investigar denuncias de violencia sexual y convierten un caso jurídicamente inconcluso en una herramienta para confrontar al movimiento feminista o desacreditar las políticas de protección hacia las mujeres y las infancias.

Ninguna de esas posturas contribuye a construir justicia.

¿Por qué esto es preocupante?

Cuando un caso sin resolución judicial se convierte en un símbolo ideológico, deja de analizarse con base en los hechos y comienza a utilizarse para confirmar creencias previamente establecidas.

Eso favorece que una de las partes sea idealizada, la otra demonizada y que la conversación pública pierda de vista la evidencia, el debido proceso y la protección de los derechos humanos.

La justicia no puede construirse sobre percepciones, campañas virales o narrativas emocionales. Debe construirse sobre investigaciones rigurosas, pruebas y resoluciones judiciales.

Lo que deberíamos exigir.

Más que buscar héroes o villanos, este caso debería abrir una conversación sobre las deficiencias del sistema de justicia y sobre la responsabilidad ética que tenemos al comunicar este tipo de hechos.

Es necesario exigir:

Investigaciones rápidas, imparciales y con perspectiva de derechos humanos.

Protección integral para las personas denunciantes, especialmente cuando son menores de edad.

Garantías de debido proceso para las personas denunciadas.

Instituciones capaces de resolver los casos con oportunidad, transparencia y rendición de cuentas.

Evitar que una tragedia humana sea utilizada para alimentar discursos de odio, polarización o agendas ideológicas.

La justicia no se construye en redes sociales.

La muerte de una persona nunca debería convertirse en un instrumento para alimentar la confrontación política o ideológica.

Tampoco una denuncia debe utilizarse para desacreditar, sin pruebas ni resolución judicial, a quien decidió acudir a las instituciones.

La justicia requiere evidencia. Requiere investigaciones imparciales. Requiere proteger a las personas denunciantes, garantizar el debido proceso de las personas denunciadas y evitar cualquier forma de revictimización.

Solo así podremos hablar de verdad, de justicia y de una sociedad que coloque los derechos humanos por encima de las disputas ideológicas.

---

Como hombres, tendríamos que preguntarnos: ¿quién está utilizando nuestro dolor y con qué propósito?

En los últimos días hemos visto cómo numerosos grupos de la machósfera han convertido el caso del profesor acusado de abuso, que posteriormente atentó contra su propia vida, en un auténtico estandarte. Se comparte una y otra vez como prueba de que las denuncias contra las mujeres no son confiables y como símbolo de una supuesta persecución sistemática contra los hombres.

Pero vale la pena hacer una pregunta incómoda.

Si la preocupación fuera realmente la salud mental de los hombres, ¿por qué el suicidio del oficial Orlando Maciel no provocó la misma movilización? ¿Por qué no hubo la misma indignación, los mismos videos, las mismas campañas ni los mismos llamados a reflexionar sobre el sufrimiento masculino?

La diferencia parece estar en la utilidad del caso.

El caso del profesor encaja perfectamente en la narrativa que muchos sectores de la machósfera buscan impulsar: cuestionar las denuncias por violencia contra las mujeres, desacreditar a las víctimas y presentar a los hombres como víctimas de un sistema injusto. Por eso se le ha convertido casi en un mártir de esa causa.

En cambio, cuando una tragedia no fortalece ese discurso —como ocurrió con el caso de Orlando Maciel— el interés desaparece casi por completo.

Como hombres, esto debería preocuparnos profundamente.

Porque significa que nuestro dolor no siempre está siendo acompañado: muchas veces está siendo utilizado. Se seleccionan las tragedias que resultan políticamente convenientes y se invisibilizan aquellas que no sirven para sostener una determinada agenda ideológica.

Defender la salud mental de los hombres implica hablar de todos los hombres que sufren, no únicamente de aquellos cuya historia puede convertirse en un símbolo para confrontar al feminismo o desacreditar las demandas de las mujeres.

Si el compromiso fuera genuino, todas las pérdidas importarían por igual. Cuando solo algunas se convierten en bandera y otras se olvidan, la pregunta deja de ser qué ocurrió con esas personas y pasa a ser: ¿quién está decidiendo qué dolor merece ser visto y cuál no?

Blog

• Caso Alberto Israel Jasso: Lo que no deberíamos perder de vista.
• La memoria de Marisela Escobedo merece respeto – Posicionamiento de HOMBRES DESPIERTOS
• Revictimización y ultraconservadurismo en Chihuahua: el caso Ruth Sánchez y el ecosistema político-religioso de la agenda antiderechos
• El victimismo masculino: cuando competir por el sufrimiento nos impide comprender el problema.
• El problema de los anexos coercitivos y las “patrullas espirituales” en México