El problema de los anexos coercitivos y las “patrullas espirituales” en México

En México, hablar de adicciones, salud mental y rehabilitación implica entrar a uno de los territorios más abandonados por el Estado y, al mismo tiempo, más capturados por discursos morales y religiosos. Ahí donde las instituciones públicas no alcanzan, aparecen todo tipo de iniciativas que prometen rescatar vidas, restaurar familias y “salvar almas”. Algunas nacen desde esfuerzos comunitarios genuinos. Otras, sin embargo, operan desde dinámicas profundamente preocupantes que mezclan coerción, fanatismo, violencia y explotación bajo el lenguaje de la ayuda espiritual.

El reciente fenómeno mediático alrededor de las llamadas “patrullas espirituales” volvió a poner sobre la mesa algo que lleva décadas ocurriendo de manera normalizada: personas siendo privadas de su libertad, trasladadas contra su voluntad e internadas en centros de rehabilitación muchas veces irregulares bajo la idea de que el sufrimiento extremo, la disciplina autoritaria y la sumisión religiosa pueden “curar” las adicciones.
Lo más inquietante es que gran parte de la sociedad observa estas prácticas con una mezcla de resignación y legitimidad moral. Como si la desesperación familiar justificara cualquier método. Como si el consumo problemático cancelara derechos humanos básicos. Como si la violencia pudiera transformarse automáticamente en cuidado cuando se pronuncia en nombre de Dios.

El vacío del Estado.

Sería ingenuo analizar este fenómeno únicamente desde la dimensión religiosa. La expansión de anexos coercitivos y clínicas improvisadas está íntimamente ligada al abandono estructural de la salud mental y las adicciones en México.
Para miles de familias, acceder a tratamiento psiquiátrico, psicoterapia especializada o programas integrales de rehabilitación simplemente no es posible. Los servicios públicos son insuficientes, nulos, están saturados o son inaccesibles para buena parte de la población. Las clínicas privadas suelen tener costos prohibitivos. Y en muchas regiones del país, la única alternativa visible termina siendo un anexo gestionado por particulares, iglesias o redes informales.
Ese vacío institucional genera algo muy peligroso: la privatización del sufrimiento.
Cuando el Estado se retira de la atención digna, otros actores ocupan el espacio. Y no siempre lo hacen desde criterios científicos, éticos o humanitarios.

La violencia como “tratamiento”.

Uno de los aspectos más alarmantes de este fenómeno es la forma en que la coerción se ha vuelto culturalmente aceptable.
En distintos puntos del país se han documentado internamientos forzados donde personas son retenidas contra su voluntad, subidas por la fuerza a vehículos o aisladas durante semanas o meses. Muchas veces estas acciones se justifican bajo frases como “es por su bien”, “no entiende de otra manera” o “si no lo hacemos así se va a morir”.
El problema es que la desesperación no convierte automáticamente una práctica en ética.

Existe una diferencia real entre una intervención clínica regulada y la privación ilegal de la libertad disfrazada de rehabilitación. Sin embargo, esa frontera suele borrarse cuando la sociedad ha aprendido a mirar a las personas con adicciones como sujetos peligrosos, moralmente fracasados o incapaces de decidir sobre su propia vida.

En numerosos anexos, la lógica del cuidado termina reemplazada por dinámicas de castigo:
• humillación pública;
• gritos;
• aislamiento;
• privación de sueño;
• trabajo forzado;
• violencia física;
• obediencia absoluta;
• y sometimiento psicológico.

Todo ello bajo la idea de que primero hay que “quebrar” a la persona para después reconstruirla.
Más que espacios terapéuticos, muchos terminan funcionando como estructuras disciplinarias.

El espectáculo de la “salvación” y la monetización.

Otro elemento preocupante es la forma en que estos grupos han encontrado en redes sociales una enorme fuente de legitimación  y monetización.
Videos de “rescates”, internamientos forzados o confrontaciones callejeras suelen viralizarse acompañados de música emotiva, discursos religiosos y narrativas de transformación moral. Las imágenes se presentan como actos heroicos: hombres “rescatando” personas destruidas por las drogas, devolviéndolas a sus familias o “arrebatándolas del demonio”.

El problema es que esa estética emocional tiende a invisibilizar preguntas fundamentales:
• ¿hubo consentimiento?;
• ¿existía supervisión médica?;
• ¿se respetaron derechos humanos?;
• ¿qué ocurre dentro de esos centros?;
• ¿qué tipo de tratamiento reciben realmente las personas?;
• ¿quién supervisa esos espacios?;
• ¿qué pasa con quienes salen traumatizados o violentados?

En redes sociales, muchas personas terminan romantizando estas prácticas porque observan únicamente una narrativa simplificada de “antes y después”. Se construye la figura del “salvador” espiritual mientras el análisis crítico desaparece.
Incluso hay quienes santifican públicamente a líderes o grupos de este tipo, atribuyéndoles una autoridad moral casi incuestionable precisamente porque operan desde el lenguaje de la fe, la familia y la redención.
Esa legitimidad emocional puede ser muy peligrosa. Sobre todo en contextos donde existe poca educación en salud mental, escasa comprensión sobre derechos humanos y una enorme desesperación colectiva frente al problema de las adicciones.

La religión como herramienta de control.

La dimensión religiosa merece un análisis particularmente crítico porque suele operar desde una legitimidad social difícil de cuestionar.
En muchos de estos espacios, el consumo problemático deja de entenderse como un fenómeno complejo atravesado por trauma, pobreza, violencia, exclusión o salud mental, y pasa a interpretarse exclusivamente como pecado, debilidad espiritual o influencia demoníaca.
Cuando eso ocurre, la rehabilitación deja de centrarse en procesos clínicos y comienza a girar alrededor de la obediencia religiosa.
No se trata únicamente de rezar o acompañar espiritualmente a alguien.

El problema aparece cuando:
• la fe sustituye la atención médica especializada;
• el dogma reemplaza la evidencia científica;
• o el liderazgo espiritual adquiere poder total sobre cuerpos y decisiones.

En algunos anexos, las personas son sometidas constantemente a discursos de culpa, rituales de “liberación”, dinámicas de confesión pública o amenazas espirituales relacionadas con recaídas y castigos divinos.
La vulnerabilidad emocional se convierte entonces en terreno fértil para el control psicológico.
Y aunque muchas organizaciones religiosas realizan trabajo comunitario legítimo, también es cierto que ciertos grupos encuentran en el sufrimiento humano un espacio ideal para expandir influencia, captar seguidores y consolidar autoridad moral.
La romantización del sufrimiento.
Existe además un imaginario profundamente arraigado en México alrededor de la idea de que el dolor transforma moralmente a las personas.
Por eso tantos discursos sobre rehabilitación terminan glorificando la dureza, la humillación o el sometimiento como si fueran experiencias necesarias para “tocar fondo” y cambiar.
Esa narrativa no sólo carece de sustento clínico sólido en muchos casos; también invisibiliza algo fundamental: sobrevivir a la violencia no significa que la violencia cure.
Numerosas personas salen de anexos cargando nuevos traumas, miedo, culpa o daños psicológicos severos. Otras recaen porque jamás recibieron atención integral. Algunas más ni siquiera sobreviven.
Aun así, el relato del “anexo que salvó vidas” suele imponerse porque el sistema ofrece pocas alternativas reales y porque socialmente seguimos confundiendo disciplina con cuidado.

Negocio…

Otro aspecto que rara vez se discute públicamente es la dimensión económica de estas estructuras.
Muchos centros operan con escasa supervisión sanitaria y poca transparencia financiera. Algunos funcionan mediante cuotas familiares, donaciones religiosas o redes comunitarias. Otros construyen verdaderas economías alrededor del internamiento.
En varios casos documentados, personas internadas realizan trabajos de limpieza, cocina, mantenimiento o construcción sin garantías laborales ni protección legal. El discurso de la rehabilitación termina legitimando formas de explotación normalizadas.

Y precisamente porque muchos de estos espacios se presentan como iniciativas “de ayuda”, “ministerios” o asociaciones civiles, quedan atrapados en zonas grises donde la fiscalización institucional es mínima.
Repensar el problema.
Criticar estas prácticas no significa minimizar el sufrimiento de las familias ni negar que las adicciones puedan destruir vidas. Tampoco implica desacreditar automáticamente toda experiencia espiritual o comunitaria.

Lo que debe ponerse bajo cuestionamiento es otra cosa:
• la normalización de la violencia;
• la privatización del abandono estatal;
• el uso de la fe como mecanismo de control;
• y la sustitución de atención profesional por coerción ideológica.

Cuando una sociedad acepta que alguien puede ser golpeado, encerrado o humillado “por su propio bien”, deja de hablar únicamente de rehabilitación y comienza a hablar de autoritarismo social.
El problema de fondo no son solamente ciertos anexos o las llamadas “patrullas espirituales”. El verdadero problema es la estructura de precariedad, abandono e indiferencia que permite que estas prácticas sigan pareciendo normales.
Mientras la salud mental continúe siendo un privilegio y no un derecho garantizado, seguirán apareciendo actores dispuestos a convertir la desesperación humana en obediencia, negocio o control moral.

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