¿Vivir en Chihuahua enferma? Violencia, políticas antiderechos y suicidio.

Chihuahua tiene un problema de salud mental que difícilmente puede comprenderse sin examinar las condiciones sociales en las que vivimos. De acuerdo con las cifras preliminares del INEGI correspondientes a 2025, nuestro estado registró una tasa de 13.8 suicidios por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio nacional de 6.7. Estas cifras colocan a Chihuahua entre las entidades con mayores problemas de mortalidad por suicidio y obligan a preguntarnos qué está ocurriendo con la salud mental de su población.

Durante décadas, Chihuahua ha convivido con distintas expresiones de violencia: feminicidios, desapariciones, crimen organizado, violencia familiar y profundas desigualdades sociales. Las consecuencias psicológicas de este contexto van mucho más allá de quienes han sufrido directamente una agresión. Vivir bajo condiciones prolongadas de miedo, incertidumbre e inseguridad modifica nuestras relaciones, deteriora la confianza comunitaria y afecta la manera en que imaginamos nuestro futuro.

Sabemos que la exposición constante a situaciones amenazantes puede producir efectos acumulativos sobre la salud mental. La investigación también ha documentado cómo la discriminación, el aislamiento y la exclusión social incrementan la vulnerabilidad a problemas de ansiedad, depresión y conducta suicida. Por ello, resulta necesario analizar qué sucede cuando a una sociedad históricamente atravesada por la violencia se suman discursos políticos y religiosos que estigmatizan la diversidad, reproducen la misoginia o buscan restringir derechos.

En Chihuahua, donde las posiciones conservadoras mantienen una presencia importante en la discusión pública, necesitamos examinar las consecuencias de aquellas propuestas que pretenden limitar derechos sexuales, reproductivos y relacionados con la diversidad. La evidencia sobre el estrés de las minorías permite comprender cómo el rechazo social, la discriminación institucional y la expectativa permanente de sufrir agresiones pueden afectar profundamente el bienestar psicológico de las poblaciones históricamente vulneradas.

Aquí surge una hipótesis que merece investigarse con seriedad: la combinación de violencia estructural, políticas restrictivas de derechos y mandatos tradicionales de género podría estar contribuyendo al deterioro de la salud mental en Chihuahua. Los discursos que normalizan la desigualdad o justifican la exclusión también deben estudiarse por su posible relación con ambientes de mayor tolerancia hacia las agresiones, la misoginia y los crímenes de odio.

El problema adquiere características particulares entre los hombres, quienes representan aproximadamente ocho de cada diez muertes por suicidio en México. Los modelos tradicionales de masculinidad, que asocian la fortaleza con el silencio emocional, la autosuficiencia y el rechazo de la vulnerabilidad, pueden dificultar la búsqueda de ayuda y debilitar las redes de apoyo. En una sociedad donde la violencia forma parte de la experiencia cotidiana, estos mandatos merecen especial atención.

Desde luego, sería incorrecto atribuir las elevadas tasas de suicidio de Chihuahua a una sola causa o establecer una relación directa con determinadas posiciones políticas sin investigaciones específicas. El suicidio es un fenómeno multicausal en el que intervienen factores psicológicos, sociales, económicos y culturales. Sin embargo, tampoco podemos seguir explicándolo exclusivamente a partir de problemas individuales o familiares, dejando fuera las condiciones colectivas que producen sufrimiento.

La salud mental también depende de las decisiones públicas, de la protección efectiva de los derechos humanos, del acceso a servicios especializados y de las posibilidades reales de vivir sin violencia ni discriminación.

Chihuahua necesita investigar con mayor profundidad estas relaciones. Las cifras de suicidio deberían impulsar una discusión pública que examine tanto la atención psicológica y psiquiátrica disponible como las condiciones sociales, culturales y políticas que afectan nuestra calidad de vida.

Figuras políticas, religiosas y públicas vinculadas a posiciones conservadoras sobre derechos en Chihuahua:

1. Carlos Olson San Vicente. Diputado del PAN. Ha negado la existencia de las infancias trans, promovido restricciones al lenguaje inclusivo y manifestado oposición al matrimonio igualitario y al aborto.

2. Maru Campos Galván. Gobernadora de Chihuahua. Ha expresado una posición personal contraria al aborto, aunque también ha rechazado que se penalice a las mujeres.

3. Marco Bonilla Mendoza. Alcalde de Chihuahua. Promueve políticas de perspectiva de familia y espacios de colaboración institucional con organizaciones conservadoras y religiosas.

4. Ruth Sánchez Hernández. Representante de Iniciativa Ciudadana. Se opone al matrimonio igualitario y ha sido cuestionada por declaraciones consideradas revictimizantes sobre Marisela Escobedo.

5. Alfredo Chávez Madrid. Diputado y coordinador de la bancada del PAN. Ha respaldado posiciones contrarias a la despenalización del aborto y justificado la suspensión de sesiones legislativas relacionadas con el matrimonio igualitario.

6. Daniela Álvarez Hernández. Dirigente estatal del PAN. Ha encabezado campañas contra la despenalización del aborto, al que ha vinculado públicamente con una supuesta agenda de muerte.

7. Xóchitl Contreras Herrera. Diputada local del PAN. Calificó la prestación de servicios de aborto en el ISSSTE como un atentado contra la vida y manifestó oposición a esa medida.

8. Rocío González Alonso. Diputada federal del PAN. Ha cuestionado la despenalización del aborto y defendido políticas alternativas de apoyo a la maternidad.

9. Carla Rivas Martínez. Diputada local del PAN. Ha defendido la protección de la vida desde la concepción y participado en posicionamientos legislativos contrarios a la despenalización del aborto.

10. Yesenia Reyes Calzadías. Diputada local del PAN. Participó en posicionamientos legislativos para promover alternativas al aborto y evitar su práctica.

11. Joceline Vega Vargas. Diputada local del PAN. Ha respaldado propuestas de apoyo institucional a la maternidad como alternativa al aborto.

12. Eduardo Hayen Cuarón. Sacerdote de la Diócesis de Ciudad Juárez. Ha respaldado públicamente posicionamientos contrarios a la prestación de servicios de aborto en instituciones públicas.

13. Alfonso Murguía Chávez. Presidente del Consejo de Asociaciones e Instituciones Cristianas Evangélicas de Ciudad Juárez. Ha apoyado públicamente pronunciamientos religiosos y políticos contrarios al aborto.

14. Francisco Javier Valenzuela Casas. Representante de organizaciones profamilia. Vinculado a movilizaciones en defensa del matrimonio heterosexual y contra el aborto.

15. Bruno Escobar Ávila. Dirigente de la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua. Vinculado a movilizaciones religiosas en defensa de la familia tradicional y contra el aborto y el matrimonio igualitario.

Estos son apenas algunos ejemplos de un ecosistema político, religioso y cultural mucho más amplio, en el que determinados discursos y propuestas restrictivas pueden contribuir a normalizar la discriminación, la desigualdad y la exclusión social. Sus consecuencias no se limitan al debate público: cuando estas ideas se traducen en estigmatización, barreras institucionales o restricciones de derechos, pueden deteriorar las condiciones de vida de mujeres, personas LGBT+ y otras poblaciones históricamente vulneradas.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la discriminación, la violencia y la exclusión social son determinantes importantes de la salud mental. Diversas investigaciones también han documentado su relación con el sufrimiento psicológico y el riesgo suicida. Aunque no podemos atribuir directamente los suicidios en Chihuahua a estos actores o discursos, sí existen fundamentos científicos para investigar cómo este entorno sociopolítico puede contribuir al deterioro del bienestar individual y colectivo.

Referencias:

INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas 2025, cifras preliminares, y publicaciones sobre prevención del suicidio.

Organización Mundial de la Salud. Suicide. Información sobre factores de riesgo, determinantes sociales y prevención del suicidio.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: Conceptual Issues and Research Evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–697.

Organización Mundial de la Salud (2014). Preventing Suicide: A Global Imperative. Ginebra: OMS.

Hombres Despiertos  |  Christian Ortíz

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