Cuatro estudiantes asesinadas en siete meses en la UAEM.

En apenas siete meses, cuatro estudiantes pertenecientes a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas. Se llamaban Kimberly Ramos, Karol Toledo, Michelle Fuentes y Claudia Tacoronte. La última de ellas, Claudia, tenía 21 años, era española y se encontraba realizando una estancia académica en México. Su asesinato volvió a colocar bajo escrutinio una realidad que las estudiantes de la universidad llevaban meses denunciando: el miedo, la violencia contra las mujeres y la ausencia de respuestas suficientes frente a una sucesión de muertes que resulta imposible mirar como un hecho menor.

La secuencia es particularmente dolorosa. Kimberly Ramos, estudiante de Contabilidad, desapareció y sus compañeros salieron a marchar para exigir su localización. El día en que se confirmó que había sido encontrada muerta en Cuernavaca se conoció también la desaparición de Karol Toledo, estudiante de Enfermería. Su cuerpo fue localizado poco después. En mayo desapareció Michelle Fuentes, alumna de bachillerato de la misma casa de estudios. Tenía apenas 15 años y también fue encontrada sin vida. Ahora es Claudia Tacoronte, quien había acudido a un encuentro relacionado con plantas medicinales antes de ser asesinada.

Cada caso tiene circunstancias propias y es importante no borrar esas diferencias. Tampoco todos los asesinatos de mujeres pueden clasificarse jurídicamente como feminicidios antes de que las investigaciones determinen las circunstancias correspondientes. Esa precisión es necesaria, sobre todo cuando se habla de víctimas y procesos todavía abiertos. Pero no modifica el hecho que tenemos delante: cuatro jóvenes vinculadas a una misma comunidad educativa han sido asesinadas en siete meses y los casos anteriores continúan reclamando esclarecimiento y justicia.

Lo sucedido en Morelos tampoco puede comprenderse fuera de la realidad nacional. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI estimó que el 70.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. El 34.7% reportó violencia física y el 49.7%, violencia sexual. Son cifras de una magnitud difícil de asimilar y ayudan a entender que, detrás de cada nuevo caso que consigue ocupar los titulares, existe un continuo mucho más amplio de agresiones, amenazas, control, acoso y violencia que millones de mujeres experimentan en distintos espacios de su vida.

Ante los asesinatos de las estudiantes de la UAEM existe, en primer lugar, una responsabilidad institucional que no puede diluirse. Las fiscalías tienen la obligación de investigar con rigor y perspectiva de género, determinar responsabilidades y procurar justicia. Las autoridades responsables de la seguridad deben prevenir y responder. Las instituciones educativas, aun cuando no puedan sustituir las funciones del Estado, tampoco pueden desentenderse de las condiciones de vulnerabilidad que experimenta su comunidad. Cuando se acumulan desapariciones, asesinatos y expedientes sin respuestas satisfactorias, la impunidad deja de ser solamente aquello que ocurre después de un crimen: se convierte también en parte del ambiente social en el que pueden producirse nuevas violencias.

Pero existe otra conversación que con demasiada frecuencia dejamos en segundo plano. Si hablamos seriamente de violencia contra las mujeres, necesitamos preguntarnos también quiénes la ejercen. Y esa pregunta nos conduce inevitablemente hacia los hombres y hacia determinadas formas de construir y ejercer la masculinidad.

No porque ser hombre implique naturalmente ser violento. Precisamente porque no lo implica es indispensable preguntarnos qué estamos aprendiendo, permitiendo y reproduciendo. Qué ocurre en una cultura donde algunos hombres pueden entender el control como amor, los celos como demostración de interés, la insistencia como conquista, la autonomía femenina como provocación y el rechazo como una humillación que debe ser castigada. Qué modelos de hombría continúan vinculando autoridad con dominio, respeto con miedo y poder con capacidad de imponerse sobre otras personas.

El feminicidio constituye una expresión extrema de la violencia contra las mujeres, pero la misoginia no comienza en el momento del asesinato. Existe un terreno cultural anterior en el que ciertas prácticas pueden normalizarse durante años: revisar el teléfono de una pareja, decidir cómo debe vestirse, controlar con quién puede relacionarse, acosar a una mujer después de que ha dicho que no, compartir imágenes íntimas, convertir a las mujeres en objetos de conversación sexual entre hombres, desacreditar a quien denuncia violencia o justificar las agresiones diciendo que se trata simplemente de “problemas de pareja”.

Nada de esto significa que cada conducta machista conduzca inevitablemente a un feminicidio. Sería una afirmación irresponsable. Lo que comparten estas prácticas es algo distinto: una manera de comprender las relaciones en la que la autonomía de las mujeres puede considerarse negociable y en la que algunos hombres aprenden que tienen determinados derechos sobre ellas.

Ahí la discusión sobre las masculinidades deja de ser una abstracción académica y se vuelve profundamente cotidiana. Tiene que ver con aquello que aprendemos acerca del poder, la sexualidad, el rechazo, la autoridad y las relaciones afectivas. Pero también con algo que suele discutirse mucho menos: qué hacemos los hombres cuando observamos violencia ejercida por otros hombres.

Porque buena parte de esta cultura se reproduce cuando las mujeres no están presentes. En el grupo de amigos, en la familia, en los chats, en los espacios de trabajo, en las escuelas, en las conversaciones donde una amenaza puede convertirse en una broma, el acoso puede celebrarse como conquista y el control sobre una pareja puede justificarse como una muestra de amor. También ocurre cuando conocemos comportamientos violentos y preferimos guardar silencio, o cuando ante una denuncia nuestra primera preocupación consiste en proteger la reputación del hombre señalado.

Durante décadas hemos colocado buena parte de la prevención sobre los hombros de las propias mujeres. Desde muy jóvenes aprenden a compartir su ubicación, avisar cuando llegan a casa, modificar rutas, evitar ciertos lugares, desconfiar de determinadas situaciones, organizar redes de acompañamiento y desarrollar estrategias para disminuir el riesgo. Muchas de esas prácticas responden a peligros reales y pueden ser necesarias para protegerse. Pero debería resultarnos profundamente perturbador que una sociedad dedique tanta energía a enseñar a las potenciales víctimas cómo evitar una agresión y considerablemente menos a preguntarse qué condiciones están produciendo a quienes las agreden.

La responsabilidad masculina frente a este problema no consiste en declarar culpables colectivamente a todos los hombres de cada crimen. Consiste en reconocer que quienes somos hombres tenemos capacidad de intervenir en los espacios donde determinadas violencias comienzan a legitimarse. Podemos confrontar al amigo que controla a su pareja, dejar de celebrar el acoso como una demostración de masculinidad, tomar en serio las amenazas, escuchar a las mujeres que denuncian violencia, enseñar otras maneras de gestionar el rechazo y dejar de proteger a otros hombres simplemente porque forman parte de nuestro círculo cercano.

También necesitamos abandonar la comodidad de pensar al feminicida exclusivamente como un monstruo excepcional, completamente ajeno a la sociedad que habitamos. Cada agresor es responsable de sus actos y cada homicida debe responder individualmente por sus crímenes. Pero reconocer esa responsabilidad penal no impide analizar el entorno cultural en el que determinados comportamientos pueden crecer durante años antes de que una familia, una institución, un grupo de amigos o una autoridad decida considerarlos suficientemente graves.

Los hombres, además, conocemos bien los efectos de una cultura que vincula masculinidad y violencia. Las estadísticas mexicanas de homicidio muestran que la enorme mayoría de las personas asesinadas son hombres. Los contextos y las características de esos homicidios no son idénticos a los de la violencia feminicida y no deben confundirse, pero existe una pregunta común que merece atención: qué sucede en una sociedad donde generaciones de hombres siguen aprendiendo que demostrar fuerza, asumir riesgos, dominar y responder violentamente pueden ser formas legítimas de afirmar la masculinidad.

En el caso de las mujeres, esa estructura adquiere una dimensión específica atravesada por desigualdades históricas de género, relaciones de poder, violencia sexual, control sobre los cuerpos y distintas expresiones de misoginia. Por eso hablar de feminicidio no significa simplemente hablar de homicidios cuyas víctimas son mujeres. Significa reconocer que existen violencias cuya comprensión exige mirar también las relaciones sociales entre hombres y mujeres y las condiciones que hacen posible que el desprecio, el control o el odio hacia ellas puedan alcanzar expresiones extremas.

Después de los primeros asesinatos, las estudiantes de la UAEM salieron a protestar. Entre sus reclamos apareció una frase que ahora resulta todavía más difícil de leer: “No sabíamos que estudiar te costaba la vida”.

La frase contiene algo que ninguna estadística alcanza a expresar. Una universidad debería representar para una joven la posibilidad de construir autonomía, conocimientos, amistades y proyectos. No debería convertirse en el punto desde el cual una comunidad comienza a contar a sus compañeras desaparecidas o asesinadas. Tampoco deberíamos aceptar como normal que estudiar, regresar a casa, salir con amistades, caminar por una ciudad o simplemente vivir de manera autónoma obligue a las mujeres a desarrollar una estrategia permanente de supervivencia.

Kimberly Ramos, Karol Toledo, Michelle Fuentes y Claudia Tacoronte tenían edades, historias, familias, amistades y proyectos diferentes. No son cuatro números ni cuatro nombres intercambiables dentro de una estadística nacional. Cada una requiere verdad, investigación y justicia. Precisamente por respeto a ellas, la cercanía de sus asesinatos debe obligarnos también a mirar el tejido social que queda expuesto detrás de estos casos: una dolorosa biopsia de la misoginia, la normalización de distintas violencias y las fallas institucionales que siguen atravesando nuestra sociedad.

México no puede enfrentar la violencia contra las mujeres limitándose a contar víctimas después de cada asesinato ni enseñándoles a ellas a protegerse mejor. Necesitamos fiscalías que investiguen, instituciones que actúen antes de que la violencia escale, políticas públicas sostenidas, prevención, educación y comunidades capaces de reconocer las señales de violencia sin minimizarlas. Y necesitamos también que los hombres asumamos nuestra parte de esa responsabilidad: revisar las masculinidades que reproducimos, intervenir frente a las violencias de otros hombres y comprender que el machismo no es un problema que corresponda resolver exclusivamente a quienes lo padecen.

Pero esa reflexión debe regresar siempre al lugar desde el que comenzó.

Kimberly Ramos. Karol Toledo. Michelle Fuentes. Claudia Tacoronte.

Cuatro estudiantes asesinadas en siete meses. Cuatro vidas que requieren algo más que indignación momentánea. Sus familias y comunidades merecen respuestas, investigaciones eficaces y justicia. Y una sociedad atravesada por esta violencia tiene la obligación de preguntarse no solamente quién cometió cada crimen, sino qué estamos permitiendo, reproduciendo y dejando de transformar para que las mujeres continúen viviendo bajo esta amenaza.

Blog:

• Cuatro estudiantes asesinadas en siete meses en la UAEM.
• Crisis social y suicidio – Más allá de la desesperanza.
• Olson ¿Defensor del lenguaje o víctima de su propia falta de comprensión lectora?
• Abelardo de la Espriella: Los cadáveres como espectáculo político.
• México: Machismo y masculinidades norteñas